Desde que nació Principios la lucha contra la “cultura del descarte” ha sido uno de nuestros dos ejes de acción, con el que designamos los problemas de justicia social que se han manifestado tras la crisis. Al adoptar esta terminología subrayamos la conexión entre los diversos aspectos de la justicia social: la participación de todos en el bien común y la integración de los grupos sociales menos favorecidos; el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y de cada persona superando una visión mercantilista (de usar y tirar) del ser humano; el cuidado de la casa común que es el medio ambiente; el desarrollo de una economía inclusiva. Ya hemos tratado de algunos aspectos de la “cultura del descarte” en otros posts. Aquí vamos a abordar la cuestión de la justicia social en clave económica. Y en concreto la pregunta que muchos os hacéis: ¿ser humanista y luchar contra el descarte implica ser socialista o apoyar políticas socialistas?
Cuando nos preguntamos por las aportaciones del humanismo cristiano, una de las más evidentes es la inspiración moral de la economía social de mercado, que impulsó el crecimiento económico y la cohesión social en la Europa de post-guerra, en un régimen de libertad económica. Ese modelo socio-económico –que daba estabilidad y confianza a los europeos, pues garantizaba un mínimo de igualdad de oportunidades– no suscita hoy la misma adhesión, y por otro lado es apenas reconocible en las políticas económicas conducentes a las diversas burbujas.
La crisis ha disparado la angustia económica y la falta de confianza en el futuro. La cultura del descarte corre el riesgo de consolidar un discurso político centrado en intereses particulares a corto plazo, que se desentiende de los problemas de grupos sociales sin voz pública, como vemos estos días con los refugiados sirios que estamos recolocando en Turquía, y que en último término erosiona el valor y dignidad de la vida humana.
No solo en Europa; lo estamos viendo también en Estados Unidos: por todas partes amplios estratos de población se enfrentan con verdadera ansiedad a su futuro por razones económicas, lo que les predispone a asumir fácilmente un relato populista, con claros culpables y soluciones simples. Pero la realidad es que nos enfrentamos a retos para los que no existen soluciones a corto plazo.
Cualquier discurso político debe abordar el reto de la angustia económica, tanto en su dimensión técnica (el fortalecimiento de la economía, la reducción del paro, etc.) como en su dimensión más política (la confianza en el futuro, la percepción de que vale la pena trabajar y sacrificarse por un proyecto común a largo plazo en vez de salvar los trastos y defender imposibles derechos adquiridos de modo miope).
Amplios estratos de población se enfrentan con verdadera ansiedad a su futuro por razones económicas, lo que les predispone a asumir fácilmente un relato populista
Dimensión socio-política de la angustia económica
En concreto, uno de los aspectos centrales del descreimiento en la justicia de nuestro orden socio-económico es la idea de que existe un establishment (en España en ocasiones se identifica como “la casta”) al que pertenecen las clases privilegiadas del poder político y económico, capaces de escribir las normas a su conveniencia, o de asegurarse los medios para rodearlas. Los repetidos episodios de corrupción, los rescates contemporáneos con recortes en servicios e inversiones públicas, y los escándalos globales como el de los papeles de Panamá, no hacen sino reforzar este relato. Ciertamente, no hay solución a este problema que no pase por un ejercicio creíble de la ejemplaridad pública por parte de quienes ostentan el poder político o económico, y una verdadera separación de poderes entre ellos, que evite el capitalismo “de amigos”.
Otro de los retos principales es la crisis demográfica, que pone en relación la dimensión técnica de la crisis con la dimensión moral y cultural. Es un círculo vicioso que incluye las dificultades laborales, de vivienda y las exigencias de la competitividad, por un lado; y por otro el deterioro de la red de apoyo familiar, la pérdida de la esperanza en el futuro, del sentido de la trascendencia y del deseo de compartir, etc. El resultado es que la pirámide de población se invierte progresivamente, con los problemas de sostenimiento de las pensiones y otros muchos inconvenientes sociales y hasta políticos (como vemos en el enfrentamiento generacional de la política española). La inmigración resuelve algunos de estos problemas, pero causa otros nuevos, que requieren un planteamiento político de altura.
Pero en nuestro país, sin duda, la manifestación más dramática y actual de la angustia económica es el paro de larga duración y el paro juvenil, que revelan un problema estructural de nuestra economía y de nuestra sociedad en general, que no es fruto sin más de la voracidad capitalista.
La manifestación más dramática y actual de la angustia económica es el paro de larga duración y el paro juvenil
El mercado no basta
Ante estas preocupaciones, es muy dudoso que los votantes se puedan contentar con un discurso abstracto, como el del liberalismo económico en su versión divulgativa, que parece proteger el estilo de vida del establishment. Aunque se acepte que no todas las desigualdades son injustas, y que muchas son consecuencia necesaria de la libertad y acicate para la economía, es evidente –lo vemos a diario en la prensa– que detrás de las que nos toca vivir hay comportamientos individuales inaceptables, y reglas de juego que benefician a unos pocos, aunque se elaboren en nombre de la igualdad.
Por eso conviene recordar que el mercado no es tal, cuando no se inscribe en un fuerte marco cultural e institucional. Solo bajo esas condiciones el libre intercambio contribuye al bien común: fomenta la creatividad emprendedora, genera trabajos dignos, resuelve necesidades sociales, y por supuesto genera riqueza de la que todos se benefician, aunque nunca sea distribuida de modo perfecto. Pero todo esto requiere que las leyes sean aplicadas con mano de hierro, sobre todo frente los más capacitados para saltárselas.
Aún así, el mercado –siempre imperfecto– no basta para lograr la integración de muchos que por unas razones o por otras carecen de los conocimientos y habilidades, estabilidad psico-sociológica, etc., necesarios para operar en un régimen de competencia. Además, por definición no resulta el medio más adecuado para garantizar algunos servicios básicos que son precisamente condiciones de posibilidad del mercado: la educación, la sanidad, la atención en situaciones de necesidad, etc. Pero eso no significa que esos servicios sean competencia exclusiva del Estado.
¿Es la solución el socialismo?
El descarte no se supera simplemente y por principio con más gasto público, más endeudamiento, más impuestos, etc. Las medidas económicas pueden tener consecuencias muchas veces contrarias a las buenas intenciones que las aconsejan, y generar dependencias y desincentivar el esfuerzo; crear nuevas y más graves desigualdades de información, poder y control, con las consiguientes ocasiones para la arbitrariedad y la corrupción; y ofrecer incentivos perversos que llevan a una gestión ineficiente de los recursos.
Más aún, no se debe tratar de pobreza y desigualdad en términos meramente económicos. Lo que logra el desarrollo son las capacidades de las personas y la creación de oportunidades. Y ahí el papel de la familia, la educación, la estabilidad social, la empresa, etc., son decisivos. Una verdadera política económica no puede pensarse como transferencias de renta para individuos aislados, sino que debe pensarse como potenciación del desarrollo de las familias y de las empresas. No se trata de que el Estado las sustituya para preservar los servicios mínimos al individuo, sino de que las fortalezca, con un entorno económico estable, un tratamiento fiscal razonable, y la protección de su ámbito de acción propio, renunciando a redefinirla para satisfacer proyectos ideológicos.
Lo que logra el desarrollo son las capacidades de las personas y la creación de oportunidades
En respuesta a la pregunta ¿luchar contra el descarte es socialismo, entendido como un mayor intervencionismo? No. El descarte no se soluciona solo con gasto público, ni mediante el juego de las decisiones guiadas por el propio interés en el mercado: es un problema cultural que exige compromiso social, y un cambio de nuestra cultura política y corporativa. El reto es poner la perspectiva de los descartados en el centro del debate político, de la política económica y la vida empresarial, pero no para subvencionarlos, sino para desarrollar sus capacidades y tratarlos como a iguales.
Esto es mejor para todos, también económicamente, aunque quizá solo a largo plazo. Solo la perspectiva del humanismo centrado en la persona nos permite percibirlo.
