Garantizar la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y la de todos los organismos de control, en cualquier nivel de la administración y de los sectores regulados.
La Reconstitución de la política en España pasa por reforzar un principio fundamental del constitucionalismo democrático: la separación de poderes, y muy en particular la independencia del Poder Judicial. Sin garantizar estos principios institucionales el poder de los partidos políticos aumenta y se pierde capacidad de control por parte de organismos independientes. Se llega así a una situación de descarte político, por el cual algunos grupos se encastillan en su poder sin el contrapeso de un Poder Judicial y organismos efectivamente independientes, cuyos juicios y opiniones puedan –además de aplicar la ley- contribuir a la formación de una opinión ciudadana equilibrada.
La Justicia en España
Si algo han intentado los partidos políticos desde al advenimiento de la democracia ha sido tener el control del Poder Judicial. Este control político de la justicia se ha conseguido especialmente a través del control del órgano de gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el encargado de designar a quienes deben ocupar los principales puestos en los órganos jurisdiccionales.
Esta politización afecta también al Tribunal Constitucional, a los órganos constitucionales de control de la Administración; Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, e incluso otros no constitucionales pero de gran relevancia; Comisión de Control de RTVE, que no están funcionando adecuadamente no ya sólo porque sus miembros directivos sean nombrados por los políticos, sino porque ellos mismos han sido habitualmente políticos ejercientes. La reconstitución de la democracia en España pasa por un cambio en esta materia.
Por otra parte, el funcionamiento ordinario de la Justicia deja en la actualidad mucho que desear: los procesos son lentos, costosos y poco eficaces, y generan una profunda insatisfacción en los ciudadanos que tienen que acudir a ella. Quien no tiene los recursos, queda descartado del acceso a la justicia.
Principios para la acción
Una justicia independiente y despolitizada
Consejo General del Poder Judicial: volver al mandato constitucional. Se propone que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por votación libre, directa y secreta por Jueces y Magistrados, y el resto de vocales (los ocho no judiciales), por ambas Cámaras legislativas pero de entre diversos profesionales de reconocido prestigio propuestos por distintos órganos de la sociedad civil (Academias, Universidades, Colegios Profesionales).
Tribunal Constitucional: para cambiar el modo de designación de los magistrados del TC sería necesaria una reforma constitucional, lo que no es planteable en estos momentos. A pesar de ello, se propone recuperar la suspensión de las leyes estatales o autonómicas que puedan afectar a derechos fundamentales si se presenta contra ellas recurso de inconstitucionalidad, debiendo ser éste resuelto con preferencia a todos los demás asuntos en un plazo máximo de tres meses. Esa misma prioridad debería establecerse para las cuestiones de inconstitucionalidad que se planteen, lo que evitaría la aplicación temporal de normas contrarias a la constitución.
Órganos constitucionales y no constitucionales de control: se propone prohibir que sus miembros hayan desempeñado cargos políticos en los últimos quince años, y que parte de ellas deban provenir de la propuesta realizada por diferentes órganos de la sociedad civil.
Tribunales Superiores: se propone suprimir la elección del Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por los Parlamentos autonómicos, para evitar sospechas de contaminación del órgano.
Periodo máximo de designación: limitar a ocho años el tiempo en que los Magistrados y Fiscales pueden actuar en el mismo órgano penal especializado.
Una justicia rápida, eficaz y eficiente
Organización de la administración de justicia: se proponen tres medidas:
a) recentralizar competencias en la Administración central, al menos en el diseño y planificación básicas, fundamentalmente en lo relativo a la informatización y digitalización de los tribunales, cuya gestión correspondería a una Agencia Estatal;
b) reorganizar los partidos y las plantillas judiciales, de modo que se flexibilicen las normas de atribución y distribución de asuntos y se permita una mayor movilidad en el seno de los órganos judiciales;
c) aumentar los efectivos judiciales, desjudicializando materias incluida parte de la ejecución, que podía ser controlada por Jueces y realizada por una Agencia Estatal.
Procesos civiles y otros no penales: se propone introducir elementos de disuasión de procesos ya iniciados (discovery anglosajón) a fin de reducir el número de litigios; y la creación de una Agencia Estatal que ejecute los títulos ejecutivos bajo control judicial (a semejanza de lo que sucede con la ejecución penal) para facilitar la ejecución de las sentencias dictadas.
Procesos penales: se proponen las medidas siguientes:
a) la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que simplifique los procesos, manteniendo la instrucción en manos de los jueces, evitando la sospecha de politización que supondría entregársela al Ministerio Fiscal, pero dotándoles de la dirección efectiva de la Policía Judicial;
b) la despenalización de conductas punibles menores, convirtiéndolas en infracciones administrativas, y generalizar la conformidad y la mediación en los delitos de menor gravedad, con lo que las labores de investigación se centrarían en los delitos más graves;
c) especializar tribunales en la persecución de delitos económicos y de corrupción, para agilizar el desarrollo de tales procedimientos;
d) revisar el actual sistema de penas, sustituyendo las de menor duración por alternativas en beneficio de la sociedad, y recuperando la redención de condena para quien se forme durante su estancia en prisión y procure la reparación moral y económica del daño causado.
Un verdadero debate ciudadano no puede ignorar las deficiencias de nuestro sistema, en algunos casos deliberadamente diseñado así para evitar el control al poder político. Con estas propuestas queremos contribuir a una discusión comprometida y a la vez moderada: no populista ni utópica. Esperamos vuestros comentarios.
Haznos llegar tus propuestas para el debate.
