Un grupo de jóvenes intelectuales ha publicado recientemente un artículo que ha despertado interés por su postura poco habitual entre gente de esta generación. Los firmantes manifiestan su aprecio por el sistema político fruto de la Transición, frente a quienes consideran agotado lo que clasifican como “régimen del 78” y claman por procesos constituyentes de diverso género, sea a nivel general o solo catalán.
La semana pasada publicamos la propuesta de Principios ante el 27S: “Reconstitución y concordia en Cataluña”. En ese artículo -como en otros anteriores en los que hemos ofrecido nuestro diagnóstico sobre los retos de la sociedad española- hemos explicado qué entendemos por “reconstitución”, como respuesta a la demanda de justicia política que existe en nuestro país.
Más allá de la regeneración de las instituciones -tan necesaria- la reconstitución es una apelación a un renovado compromiso por la convivencia entre todos. La reconstitución exige la actualización de los grandes acuerdos que hicieron posible la norma del 78 y que después han acompañado a su puesta en marcha, en materia política, territorial, económico-social, etc. Evidentemente, no se trata de reeditar la literalidad de aquellos acuerdos, pues son distintos los retos y los protagonistas, y ha llegado la hora de superar algunas de sus consecuencias negativas.
En contra de lo dicho por los firmantes del artículo, pensamos que puede hablarse de un régimen del 78 y de su agotamiento tanto en términos de eficacia como de justicia. Pero el régimen del 78 no es la democracia constitucional española, sino las efectivas posiciones de poder político, territorial, económico y social que se han consagrado en estos decenios, y sus específicos equilibrios y entramado de intereses mutuos.
Las siempre perfectibles reglas democráticas y las posiciones de partida han degenerado en la creación de un establishment, o clase dirigente, que sirve en buena medida a sus propios intereses. Es preciso restablecer una razonable confianza en los gobernantes y en los legisladores, mediante un cambio en la cultura de la participación política y en algunos de los puntos defectuosos de nuestro sistema. Pero sin pretender encontrar el régimen perfecto, ni esperar demasiado de los políticos. Siempre será necesaria la implicación de la sociedad civil: de ahí la importancia de iniciativas como Principios.
La alternativa que proponemos a este régimen del 78 no es opuesta al espíritu o la letra de la constitución. Precisamente debe entenderse como un paso adelante en la dirección comenzada en la Transición. Un paso adelante decimos, pero no un gran salto hacia el vacío, hacia la promesa de un país perfecto, que nunca llegará.
Sería triste que los españoles no aprovecháramos estos años de crisis institucional y económica para dar ese paso adelante de modo concordado. Esto solo es posible mediante grandes acuerdos que actualicen los principios básicos de nuestra convivencia, y que satisfagan razonablemente la demanda de justicia social y política que la crisis ha despertado, que no se sacia sólo con el crecimiento del PIB.
¿En qué debería consistir ese paso adelante, esa mejora incremental acordada entre todos?
Nuestras diez propuestas pretenden ofrecer algunas orientaciones para dar una respuesta comprehensiva y viable a la demanda de justicia política y social. Son propuestas de mejora dirigidas hacia una convivencia política más abierta y participativa, y una política social más inclusiva, que se oponga a lo que llamamos “la cultura del descarte”. Porque no se trata solo de tener mejores instituciones, sino también de lograr una sociedad más justa.
¿Es legítima nuestra democracia? Desde luego. ¿Es necesario hacer cambios? Sí, y en concreto es preciso superar algunos aspectos importantes del “régimen del 78”. ¿Cómo deben llevarse a cabo? Mediante un proceso de reconstitución, es decir, de grandes acuerdos que ahonden en los principios fundamentales de la Constitución del 78 siempre dentro de la continuidad legal.
