El 8 de febrero de 2024, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que exige la investigación de los intentos (y logros) de injerencia rusa en la Unión Europea, y sus pretensiones (algunas consumadas) de desestabilización del orden comunitario. Hasta aquí, nada tendría de sorprendente -más allá de lo conspiranoico del asunto- esta resolución. Lo positivamente llamativo es que dicha resolución se aprobó por una mayoría abrumadoramente absoluta de 433 votos a favor, que incluía -icréanselo!- los votos de los eurodiputados socialistas, aunque con matices.
Como recoge la resolución aprobada, estas injerencias tienen muchas formas y van más allá, mucho más allá, del mero nominalismo: las interferencias políticas, la manipulación de información entrañan una violación grave de los principios básicos de la Unión. No sólo de su soberanía y de la de los Estados miembros, sino también de la libertad, igualdad, estado de derecho y confianza en la integridad institucional. En lo que afecta a España, la resolución afirma lo siguiente:
«[El Parlamento Europeo] [c]onsiderando que, desde hace mucho tempo, las informaciones periodísticas han puesto de relieve los contactos y las estrechas relaciones personales entre secesionistas de Cataluña, incluidas autoridades del gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, y el Kremlin; considerando que periodistas de investigación han informado de que el ex diplomático ruso Nikolai Sadovnikov se reunió con el entonces líder separatista, hoy eurodiputado en ejercicio, Carles Puigdemont en Barcelona en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña de octubre de 2017; considerando que a través de su cultivo de contactos y relaciones, Rusia pretende construir una influencia política y económica para desestabilizar la democracia en la Unión Europea; considerando que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado de la investigación del caso Voloh, que vincula, entre otros, al ex Presidente de Cataluña y a su entorno con Rusia, ha prorrogado recientemente la investigación por seis meses; considerando que representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España que han mantenido relaciones con personalidades próximas al Kremlin, incluido el diputado al Parlamento Europeo en cuestión, están reclaman una amnistía por sus presuntos delitos [.]; [e]xpresa su extrema preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa; señala que la injerencia rusa en Cataluña, de confirmarse, formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE; expresa su profunda preocupación por las campanas de desinformación a gran escala que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos contactos intensos y el número de reuniones entre los agents responsables de la injerencia rusa en el movimiento independentista y el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña; pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE y sus Estados miembros; deplora todos los ataques contra los jueces que investigan cualquier actividad de injerencia; pide que los casos de los diputados catalanes afectados se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados».
El Parlamento Europe tiene razones para preocuparse y exige investigar, y el Parlamento Español tiene una posición de garante para cumplir esa exigencia en lo relativo a una de las mayores injerencias del Kremlin en la esfera europea. En concreto, la que involucra al expresidente de la Generalidad Catalana, Carles Puigdemont, y los intentos de subversión del orden constitucional en Cataluña. En la habitación no hay un elefante, sino un mamut, y esa misma habitación hoy tiene forma de parlamento. El cauce para hacerlo es el propio de la indagación parlamentaria: una comisión de investigación. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, «el Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público». El asunto, sin duda, tiene mucho de interés.
El movimiento de fichas en el tablero político español es tan evidente como urgente: los diputados del partido popular (que superan con creces el quinto del total) o, idealmente, los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox, deben, por imperativo moral, proponer a la mayor brevedad la creación de una comisión de investigación sobre la injerencia de Rusia en el marco democrático español, a través de sus lazos, que ya son cadenas, con el independentismo catalán que pretende ser amnistiado. Es de esperar que la votación para su tramitación no salga adelante, pues la Mesa del Congreso, que es un órgano colegiado, está controlado por el Gobierno de Coalición y por sus socios independentistas (5 frente a 4, sin la presencia de Vox). Pero es necesario intentarlo o, por lo menos, retratar una vez más la deriva sanchista, que no socialista, del Partido Socialista Obrero Español.
Como decía uno de los grandes padres de nuestra Constitución, Don Manuel Fraga Iribarne: «La política es el arte de lo posible; para lograrlo hay que intentar muchas veces lo imposible». En definitiva, la intuición, acrisolada por cómo se han desarrollado los últimos meses, nos hace pensar que la propuesta no saldría adelante. En todo caso, los más mínimos criterios de coherencia y el principio de no contradicción hacen que los diputados del grupo parlamentario socialista sólo puedan votar en un sentido: el mismo con el que votaron en el Parlamento Europe la investigación, en general, de las injerencias rusas en Europa. No votar a favor en España sólo tendría un diagnóstico: la más patética esquizofrenia política.
Miguel Ángel Trillo-Figueroa y Víctor J. Lana
Abogados
Publicado originalmente en La Rioja
