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“Desarrollar una nueva cultura de la sociedad civil y del emprendimiento social, mediante las pertinentes medidas fiscales y la despolitización del sector de la cultura, y explorar fórmulas de colaboración público-privada, que garanticen al mismo tiempo el servicio a fines de interés general”.

 

En los 80 se hizo famoso el lema “menos Estado, más mercado”. En la opinión pública de nuestro país es frecuente oír que aquella actitud neoliberal es lo que nos llevó a la crisis económica y se pide más Estado (nacionalizaciones, más regulación, más control) y menos mercado. En Principios abordamos este debate desde otra perspectiva. Siguiendo a Alexis de Tocqueville (1805-1859), pensamos que sin una sociedad civil fuerte la democracia corre el riesgo de convertirse en tiranía, y el mercado en una fuerza sin control. La experiencia en todo el mundo muestra que el emprendimiento social puede llegar a donde el mercado no llega, y muchas veces con mejores resultados que la intervención pública. Por eso proponemos una nueva cultura de la sociedad civil, que abra espacio a la iniciativa social y aporte la lógica de servicio al bien común en las instituciones y en la actividad económica. Esta cultura de la sociedad civil se logra con más colaboración entre entidades públicas y sociales, entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Pero solo será posible mediante un nuevo régimen fiscal para las organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, artístico, educativo, asistencial, etc. En torno a la reforma fiscal para el mecenazgo y las actividades de interés general, es posible y necesaria una alianza políticamente transversal.

 

Estado, mercado y sociedad civil

Las ideologías políticas se distinguen por su posicionamiento ante el conflicto entre el sector público y el sector privado. La ideología socialista considera que solo las instituciones públicas pueden servir al bien común sin levantar sospechas. La ideología neo-liberal reduce al mínimo el papel del Estado, mientras con frecuencia no se opone a los poderes socio-económicos capaces de alterar las reglas de la libre competencia y del mismo proceso político.

La realidad es que tanto las instituciones del Estado como las del mercado son necesarias para una buena sociedad, pero no son suficientes. Una esfera propia de la sociedad civil, cuya lógica supera la lógica del mercado y del poder, es necesaria para la salud de las instituciones públicas y el recto funcionamiento de la libre economía. Estado y mercado “viven de presupuestos que ellos mismos no pueden garantizar”, según la famosa expresión de un influyente jurista alemán.

Sin sociedad civil no se forman ciudadanos responsables con sentido del bien común. Sin sociedad civil libre y abierta es imposible la creación de una opinión pública autónoma, con un debate público no monopolizado por los partidos o por los grupos de intereses económicos. Sin sociedad civil, la vida cultural queda controlada por las clases privilegiadas y por el poder político, de modo que se corrompe la naturaleza propia del arte y del pensamiento. Solo desde la sociedad civil se logra contener la fuerza centrífuga de la lógica burocrática y del mercado, que generan el descarte de los que tienen más dificultades para hacerse valer.

 

¿Qué es la sociedad civil?

Cuando se habla de la sociedad civil se suele entender el ámbito de la vida social que va más allá del Estado y sus instituciones, de los partidos políticos y otros modos de participación, y del mercado y las empresas. Pero en realidad las instituciones estatales y la libre actividad económica del mercado no son sino partes dentro del todo de la sociedad civil, más que esferas completamente diferenciadas.

En positivo, “sociedad civil” se suele emplear para referirse a formas de organización y actividad basadas en una series de vínculos naturales como el amor, la solidaridad, la preocupación mutua, el sentido de pertenencia, la fe religiosa y los valores compartidos, que superan la lógica del mercado y del poder político y burocrático.

Algunos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil son: asociaciones deportivas, asociaciones de residentes, grupos de encuentro, grupos de coche compartido, grupos de lectura, asociaciones de baile y arte, casas de cultura, escuelas y universidades, clínicas y dispensarios médicos, asociaciones de voluntariado y filantropía, asociaciones mercantiles e iglesias.

Estos tipos de asociación emergen desde la base social, para responder a metas, necesidades e intereses compartidos entre grupos de personas. Aunque interactúen con las instituciones económicas y políticas, obran según su propia lógica, que refleja las necesidades y valores de sus propios miembros, no necesariamente dictados por la lógica del mercado o del poder. En expresión clásica, la sociedad civil se orienta de modo directo a los bienes intrínsecos de la verdad, el bien, la belleza, la educación, la ciencia, la beneficencia, el arte, la cultura, etc.

Al margen de su contenido concreto, las organizaciones de la sociedad civil ofrecen a los ciudadanos un espacio para formar vínculos de solidaridad mutua y para desarrollar iniciativas y modos de vivir particulares. El acceso a oportunidades de participar en la sociedad civil permite a los ciudadanos poner sus talentos al servicio del bien común y así sentirse valorados y respetados por sus conciudadanos.

Es principalmente en el contexto de la vida social cotidiana (en la escuela, en la iglesia, en la vida profesional, etc.) donde las personas aprenden a jugar un rol constructivo en la comunidad y a desarrollar su sentido de identidad personal. Este sentido de pertenencia lleva consigo de modo natural un sentido de solidaridad del que depende la permanencia de la sociedad.

Es más, estas organizaciones forman una barrera protectora entre el individuo y el Estado y entre el individuo y la economía, como señaló el famoso sociólogo francés Alexis de Tocqueville, en su obra “La Democracia en América”.

 

La sociedad civil amenazada

A lo largo del siglo pasado hemos visto un crecimiento significativo en el tamaño y poder de las agencias gubernamentales y de los actores privados económicos tales como los media conglomerates y las corporaciones multinacionales, además de un crecimiento sin precedentes en la movilidad social… Estas transformaciones han erosionado las reservas de confianza y solidaridad mutua que los ciudadanos requieren para poder obrar juntos, en un espíritu de libertad y por el bien común de sus comunidades respectivas, cosa que se ha manifestado en la marcada disminución de las organizaciones civiles no estatales y de la participación electoral a lo largo de las últimas cuatro décadas.

¿Cómo explicar este creciente déficit en la implicación activa de los ciudadanos en sus respectivas comunidades?

  • En primer lugar, el creciente poder del comercio y de los medios de comunicación para penetrar y determinar nuestras vidas hace que nos veamos más como consumidores autónomos que como miembros responsables de una comunidad.
  • En segundo lugar, la globalización del comercio ha dado pie a una mayor movilidad social, que tiende a reducir el impulso de invertir sus talentos y recursos en comunidades locales, geográficamente enraizadas.
  • En tercer lugar la proliferación de las regulaciones legales y la expansión de las agencias gubernamentales han generado hábitos de dependencia estatal por parte de los ciudadanos, reduciendo la motivación necesaria para trabajar junto con otros ciudadanos por resolver problemas comunes.
  • En cuarto lugar, la cultura y otros sectores sin ánimo de lucro padecen la crisis económica de modo agudo, así como los cambios de gobierno con sus arbitrarias decisiones en materia de subvenciones.
  • Por último, vemos que la iniciativa emprendedora en materia social y cultural se asfixia por una fiscalidad elevada y el control burocrático del gasto con fines sociales y culturales.

PUNTOS

Propuestas para una nueva cultura de la sociedad civil

Principios propone las siguientes estrategias para desarrollar una nueva cultura de sociedad civil y del emprendimiento social:

 

  1.    Promover cambios en el régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro

Una verdadera cultura de la sociedad civil y el emprendimiento social en España encuentra el  primer obstáculo en unas exenciones fiscales muy limitadas. El dinero destinado para tareas de interés general es recaudado y gestionado por las instituciones públicas. Es cierto que la vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula de una forma eficiente, tanto los requisitos que han de cumplir las entidades que desean optar por el régimen fiscal en ella establecido, como las exenciones que estas pueden gozar en los impuestos estatales y locales. Esta ley supuso un aumento de los incentivos fiscales al mecenazgo ya previstos en la anterior ley que tuvo como efecto el aumento de número de entidades acogidas a este régimen y sobre todo de las cantidades que hacia ellas se han canalizado desde el sector privado. Sin embargo, resulta insuficiente en un contexto de crisis económica, y por otro lado ha demostrado que el margen de crecimiento de este sector es amplísimo.

Una nueva ley podría establecer los siguientes incentivos fiscales: 1) elevación de los porcentajes de deducción fijados actualmente en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF en el 35% y 25%, respectivamente, en el 70% para los dos impuestos, con límites máximos generosos; b) incentivar las pequeñas donaciones dinerarias mediante la deducción al 100% de los primeros 200 euros, por ejemplo; c) reconocimiento de las prestaciones de servicios gratuitos como aportaciones deducibles en el Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el IRPF del empresario prestador; d) conseguir que los servicios que presten las entidades sin fines lucrativos, y entre ellas las culturales, gocen de una exención real en el IVA, de forma que se puedan beneficiar de ellos un mayor número de personas y a más bajo coste.

Por supuesto, estas reglas deben afectar a todas las entidades que persigan fines de interés general, no solo a las específicamente culturales: sociales, asistenciales, sanitarios, docentes, cívicos, cooperación al desarrollo, medioambientales, etc. La variedad de sensibilidades socio-políticas que estas organizaciones representan debería ser ocasión de un movimiento transversal favorable a estas reformas.

 

  1.    Incentivar las alianzas entre sociedad civil y el mundo empresarial

Las organizaciones de la sociedad civil se pueden beneficiar mucho de los recursos y conocimiento experto de las empresas, mientras que las empresas, a su vez, se pueden beneficiar de una relación positiva con las comunidades que sirven, por su conocimiento local, o como medio para asegurar la buena voluntad de sus clientes actuales y potenciales. Una empresa no necesita abandonar el ánimo de lucro para entrar en alianzas colaborativas con organizaciones de sociedad civil, sea con inversiones directas en iniciativas sociales, sea con otras formas de colaboración, tales como el compartir experiencias, recursos, y conocimiento. Estos vínculos con la sociedad civil son naturales y deseables, sobre todo si vemos al empresario no sólo como un homo economicus aislado, sino como ciudadano que ha de asumir su parte de responsabilidad por el bien común de su comunidad.

Las políticas públicas deberían incentivar y facilitar la colaboración entre empresa y sociedad civil de modo tangible, porque tal colaboración beneficia el bien común y reduce la necesidad de una burocracia política demasiado intrusiva. Algunas medidas prácticas que los gobiernos pueden emplear a este fin son: reducir al mínimo las trabas administrativas asociadas con las actividades e inversiones sin ánimo de lucro; y desarrollar modelos fiscales más flexibles. Por ejemplo: permitir a las empresas definir una parte de su actividad e ingresos como sin ánimo de lucro.

 

  1.    Promocionar alianzas constructivas entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil

El gobierno debería intentar facilitar el desarrollo de la sociedad civil a través de colaboraciones públicas-privadas bien pensadas y sostenibles. Estas colaboraciones pueden asumir diversas formas, pero algunos ejemplos obvios son la concesión de propiedad pública y estatal a asociaciones civiles y culturales a bajo coste, becas estatales a actividades culturales, la financiación parcial de las escuelas creadas y manejadas desde la sociedad civil, y colaboraciones públicas-privadas con organizaciones de servicio social como acogidas de gente sin techo y centros médicos. El apoyo gubernamental de las organizaciones de sociedad civil, si respeta su legítima autonomía y no intenta convertirlas en brazos del gobierno, responde a un legítimo interés público en la salud de la sociedad civil, fundamento esencial de cualquier orden social.

 

  1.    Promover un cambio en la cultura sobre el servicio al bien común

Casi todo el mundo acepta que el gobierno tiene un papel importante en la promoción y protección del bien común de la sociedad. Y también es aceptado generalmente que las empresas son el motor del desarrollo económico. Por el contrario, la aportación social de las organizaciones de sociedad civil como escuelas, universidades, cooperativas, asociaciones artísticas y culturales, y grupos de voluntariado es frecuentemente subestimada tanto por los ciudadanos como por nuestros líderes políticos. Tendemos a esperarlo todo del Estado, y a sospechar de las intenciones de quienes realizan estas actividades desde el ámbito privado.

Aunque es innegable que las estructuras politicas y economicas (incentivos fiscales, libertad para actuar, etc.) informan en gran medida las elecciones de los ciudadanos, también es necesario promover campañas de publicidad y educación cívica para sensibilizar a la gente del rol crucial de las organizaciones de la sociedad civil en la mejora de nuestra calidad de vida y en la resolución de los problemas comunes, y la necesidad del compromiso personal.

También las empresas pueden contribuir a este cambio cultural si toman en cuenta la experiencia de voluntariado y compromiso social como factor positivo para la selección de personal. Por último es necesario destacar que desde el punto de vista económico, el sector de las actividades sin ánimo de lucro puede ser otro motor para la creación de empleo y el crecimiento, además de ahorrar al erario público.

Como es notorio, estas líneas de acción plantean cambios que encuentran resistencias en los poderes establecidos, y que solo podrán salir adelante si se reclaman desde la misma sociedad civil, como un criterio clave a la hora de otorgar el voto. Por eso es necesario también que proliferen plataformas de sociedad civil como Principios para intervenir en el debate político más allá de las agendas de los partidos. Pero no podemos esperar que nadie haga esto por nosotros: es necesario tomar la iniciativa.

Bibliografía:

 

One Comment

  • Emismo dice:

    Me sumo a la idea de potenciar la sociedad civil, pero no comparto ni el análisis ni las soluciones.
    Se comienza contraponiendo el socialismo con el neoliberalismo, el cuál sería mejor llamar mercantilismo o capitalismo de amiguetes, no sé si con la idea de confundirlo con el liberalismo, del que no se habla.
    Se excluye a la sociedad civil del mercado, algo que me parece erróneo, como si una asociación civil no pudiera, y debiera, regirse por las normas del mercado tal como se regirían una empresa dentro del libre mercado.
    Y a la par que se critica a las empresas por los beneficios políticos que buscan, se expone como solución, para una más fuerte sociedad civil, la intercesión del ámbito político para mejorar la relevancia de las asociaciones civiles.
    Por último, se argumenta con el término de bien común para que la esfera política tenga que apoyar la sociedad civil. Otro presupuesto con el que no coincido. Pongamos, por ejemplo, dos asociaciones civiles, una católica(que busca una cristianización de la sociedad) y una atea(que busca la eliminación de cualquier idea religiosa de la sociedad). En caso de que esa idea del bien común existiese, no podría estar representada por ambas asociaciones. Si desde el Estado se apoyase a las dos asociaciones, estaría apoyando a la vez el bien y el mal común.
    Una asociación civil debe comportarse como una empresa, aunque el beneficio que busque no sea de tipo monetario. Y la política lo que debe de hacer es no entorpecerla ni privilegiarla.