El 1-O y la revolución «demócrata». Un país en vilo

Resulta difícil abordar la tarea de analizar en un solo artículo la cadena de acontecimientos sucedidos en Cataluña en los últimos meses. Más aún, intentar adivinar lo que ocurrirá en los próximos días.

La opinión pública, movida por analistas y medios de comunicación, también varía continuamente, en función de los mismos acontecimientos.

Por ello, en estos momentos de gran incertidumbre política queremos pararnos a reflexionar y volver sobre algunos de los artículos más relevantes que ha publicado Principios después de las elecciones de 2016, en torno a nuestro reto#1 reformas institucionales y reto#2 fortalecimiento de la sociedad civil.

En octubre de 2016, Pablo Gutiérrez de Cabiedes mostraba algunas recetas para evolucionar hacia una España en la que quepamos todos, un objetivo que tiene hoy plena vigencia, pese a la sensación de que cada vez estamos más lejos de conseguirlo.

En noviembre de 2016, Jaime Rodríguez Arana nos hablaba sobre la legítima demanda de una democracia de mayor calidad. Hoy sigue pendiente la reforma de la ley de partidos y su financiación, a pesar de los nuevos actores políticos en el parlamento nacional, igual que siguen pendientes profundas reformas institucionales que quizá si estuvieran solucionadas, o en marcha, hubieran ayudado a resolver la grave crisis política, institucional y social que estamos viviendo. Esa ansia de “democracia” ha sido hábilmente utilizada por los separatistas para conseguir apoyos y para justificar el procés.

Tanto las instituciones como la sociedad civil tienen parte en el origen y el desarrollo del conflicto actual en Cataluña, y el hecho de que algunas fuerzas políticas tengan una particular responsabilidad, no nos debe hacer olvidar el papel y la propia responsabilidad de los ciudadanos, sobre todo a partir de este momento.

El independentismo catalán es un fenómeno multidimensional, provocado esencialmente por la falta de un proyecto común de todos los españoles pero que ha encontrado un particular caldo de cultivo en la crisis económica y ha sido influido por movimientos populistas que ofrecen falsas soluciones a problemas reales, ante los que somos incapaces de ver los síntomas (recomendamos escuchar, en este sentido, esta entrevista a Ricardo Calleja de diciembre de 2016).

No pretendemos abordar este fenómeno desde los innumerables errores cometidos por unos y otros, sino desde el papel que a partir de aquí puede jugar la sociedad civil en la búsqueda de soluciones.

Las motivaciones del 1-O

Se pueden distinguir, dentro del heterogéneo grupo que apoyó la celebración del 1-O, dos corrientes políticas principales:

• una corriente dominada por la izquierda catalanista (ERC y CUP), que disfruta del mayor peso político de las últimas ocho décadas y cuyas tesis se ha visto obligado a apoyar en gran medida el partido no-nacionalista Catalunya Sí que es Pot; y
• una corriente heredera de la antigua CiU, formada por una clase social pudiente y representada por el actual PdeCat.

Pero junto a estas dos tendencias del independentismo, no se puede ignorar el papel que ha jugado el enorme porcentaje de la sociedad civil catalana (sobre todo en el espectro ideológico de la antigua CiU, pero también del PP, C’s y PSC), que sin ser independentistas hace tiempo que se adhirieron al argumento del «derecho a decidir» como requisito esencial para seguir discutiendo sobre el futuro de Cataluña y España. Muchos de estos habían venido participando en las Diadas multitudinarias de los últimos años y votaron el 1-O, lo que quizá ayuda a esclarecer el hecho de que el apoyo real al secesionismo –máxime si es unilateral– es bastante más reducido de lo que se podría creer viendo la movilización del 1-O.

Por otra parte, dentro de las dos corrientes independentistas identificadas se ha ido imponiendo el discurso de la primera, mucho más preparada que sus socios en el Govern para tomar las redes sociales y la calle, y que además se beneficia de otros aspectos colaterales como el paro y la crisis económica o el fenómeno de la aversión a la autoridad.

Uno de los objetivos de esta corriente para el 1-O no era hacer un referendo verdaderamente democrático, sino dar la imagen de ser mucho más demócratas que sus oponentes, en una nueva definición de la democracia que reclama votar aun sin una convocatoria legal. Este objetivo se vio engrandecido por imágenes de heridos en medio de actuaciones policiales (algunas ciertas y otras no), que han aumentado su apariencia de legitimidad y han conseguido nuevos apoyos para la causa.

Un segundo objetivo, quizá compartido entre ambas facciones, era aparecer ante la opinión pública extranjera como un bando enfrentado al gobierno español, lo suficientemente numeroso como para ser tenido en cuenta e invitado a un proceso de negociación bilateral. La evaluación del grado de consecución de este objetivo habrá que hacerla con más tiempo, pero sin duda ha sufrido un duro revés tras el rosario de grandes corporaciones que a lo largo de la semana han movido su sede fuera del territorio catalán o con las imágenes de muchos otros –también catalanes- nada partidarios de la independencia y tampoco de este referéndum.

El camino que queda por recorrer

Los últimos días se han multiplicado las peticiones al diálogo entre el gobierno regional catalán y el gobierno nacional encabezado por Mariano Rajoy. En unos casos preocupados por la deriva del nacionalismo catalán, y en otros por el efecto negativo para la economía española, todos presentan buenos argumentos para “tender puentes”. También hay quienes proponen no una negociación con compromisos que reencaucen la situación y garanticen la vuelta a la legalidad, sino una intervención de un tercero o una mediación que reconozca la existencia de dos entidades legítimas equiparables.

Finalmente, no faltan voces que insisten en la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución, y no se puede decir que no existan razones para ello. Quizá en los próximos días la aplicación de una medida tan grave se convierta en un imperativo legal.

Desde nuestra opinión la solución pasa por que el Gobierno se adelante a los acontecimientos –si eso es posible-, y haga lo necesario por poner fin a las tensiones, manifestando su firme propósito de alcanzar una solución aceptable para ambas partes dentro de la legalidad. Con un ofrecimiento de diálogo que haga del todo injustificable ninguna declaración unilateral por parte del Govern. Los compromisos del Gobierno no pueden suponer ningún compromiso judicial, porque ni el Gobierno ni el Parlamento que nos representa están legitimados para intervenir en la acción del poder judicial, pero sí podrían dejar abierto el indulto para los que se avengan a reconciliarse con el Estado. Después se abrirá un periodo de reconstrucción de la paz social que requerirá el esfuerzo de la sociedad civil y de todos los partidos políticos.

Solo una salida dialogada, reflexiva y no precipitada, podrá evitar que el conflicto se convierta en una espiral de consecuencias imprevisibles. A esa salida están contribuyendo, sin ninguna duda, las acciones e iniciativas de la sociedad civil. Las manifestaciones (de diferente signo) que se han convocado estos días y la reacción de las empresas ante la inestabilidad, podrían haber modificado el rumbo del procés –o al menos haberlo desacelerado, sembrando la duda en sus propios impulsores- y le han dado un mandato claro al Gobierno español de búsqueda de lo que nos une, de rechazo a lo que nos separa.

Desde Principios exigimos a aquellos que tienen responsabilidad en la solución del conflicto que dejen a un lado intereses personales y partidistas para buscar, con rectitud, una salida pacífica desde el respeto a la legalidad y a la Constitución; e invitamos a nuestros seguidores a enviarnos sus opiniones y propuestas de solución.

Por otra parte, en las próximas semanas organizaremos unas nuevas cañas políticas en las que hablar de todo lo sucedido y de cómo buscar, entre todos, el sugestivo proyecto de vida en común del que habló Ortega que evite que crisis como la de la última semana vuelvan a poner en vilo a toda la nación.

Como continuación a este editorial publicado el pasado 9 de octubre, inauguramos una serie de artículos sobre la situación política y social en Cataluña que nos han hecho llegar varios miembros de Principios preocupados por el desarrollo de los acontecimientos.

No se trata, por tanto, de la opinión oficial de Principios, sino la de miembros y colaboradores a los que hemos querido ofrecer un espacio de opinión libre y plural, que es lo que defendemos en todos los ámbitos de la sociedad.